Por Erika Martínez Macedo

El cuidado del ambiente es un tema que no se ha logrado consolidar como prioritario o, por lo menos, importante (en la práctica) dentro de la agenda gubernativa del país. Las implicaciones que se desprenden de esta aseveración son muchas y diversas, pero giran en torno a una en particular: los intereses de los grandes capitales y la poca regulación que existe ante su voracidad. No sólo la poca regulación, en algunos casos las autoridades se encuentran coludidas, haciendo caso omiso o violando descaradamente los recursos implementados mediante leyes, mecanismos de protección, o instituciones federales cuyo objetivo debería ser la protección de los ecosistemas; una paradoja que resulta ser la regla en nuestro país.

El caso de Tajamar, que en casi cualquier otro lugar, excepto en México, claro está, habría sido impensable, es sólo una muestra de la manera cómo funcionan las instituciones en nuestro país (el apoyo por parte de los diferentes niveles de gobierno al capital privado y extranjero)[1] y cuáles son las prioridades para el Estado mexicano, entre las cuales poco figuran el cuidado y preservación del ambiente. A propósito de esta experiencia, bien vale la pena emprender algunas reflexiones en torno al mecanismo de las políticas puestas en marcha para garantizar la protección del ambiente, a la par que se asegura el desarrollo económico del país.[2]

La situación de Tajamar comenzó en 2005, cuando el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) obtuvo los permisos para operar en el Malecón Tajamar, cerca del sistema lagunar Nichupté, en Cancún.[3] Dichas concesiones las obtuvo mediante la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que realizó la empresa “IMASA, Ingeniería y Proyectos S. A. de C. V.”, misma que avaló el anteproyecto presentado por FONATUR para los trabajos a realizar en la zona. Dichos permisos obtenidos con estricto cumplimento de apego a derecho, permitieron que el “’Proyecto de Plan Maestro Malecón-Cancún’, orientado a generar nuevas alternativas inmobiliarias de alta calidad y competitividad en una ciudad moderna”, según puede leerse en la MIA, fueron el escudo de protección que la FONATUR usó cuando el 1 de febrero de 2007 se adicionó el artículo 60 TER,[4] mismo que busca proteger el mangle y que quedó sin operar en Tajamar.

Lo que habrá que cuestionar son las prioridades del gobierno: es preferible hacer uso de los ecosistemas, devastándolos en aras del proyecto de modernización basado en el negocio inmobiliario que mantener la existencia de la naturaleza (sin ningún valor económico), y resguardar la integridad del manglar y cada ecosistema existente en el país. En este panorama, cabe señalar el papel que algunas instituciones desempeñan en la poca atención que se ha dado al medio. Me refiero especialmente a FONATUR, instancia que depende de la SECTUR (Secretaría de Turismo), la cual se encarga de “Identificar, concretar y detonar proyectos de inversiones sustentables en el sector turístico, orientados al desarrollo regional, la generación de empleos, la captación de divisas, el desarrollo económico y el bienestar social, para mejorar la calidad de vida de la población.”[5] Como es posible darse cuenta, hacer uso de lo sustentable parece ser la moda reinante en el discurso que promueve el gobierno mexicano (y no sólo éste). Sin embargo, es cuestionable el proceder del gobierno en la práctica, Tajamar es sólo un ejemplo, pero no es el único.

El papel de las firmas que realizan las Manifestaciones de Impacto Ambiental es también cuestionable, en la medida en que la mayor parte de los casos fallan en favor de las empresas que deben cubrir dicho trámite para obtener los permisos necesarios de operación. De tal manera que dichas Manifestaciones no sólo no muestran la no viabilidad de determinados proyectos, sino que se convierten en los instrumentos que los particulares o el mismo gobierno utiliza para encontrar la manera de realizar los proyectos que están esperando a entrar a la etapa de operación.

¡Contra el ecocidio!

Mucho podríamos decir, por ahora sólo cuestionamos el proceder de las instancias gubernamentales y los mecanismos que se tienen para cuidar y preservar el medio ambiente, los cuales muchas veces son ineficientes y poco respetados. El ejemplo de Tajamar otra vez tiene lugar, pues luego de que la noche del 16 de enero entrara maquinaria pesada al Malecón, el descontento generalizado en buena parte de la población hizo posible que se tomará con especial atención lo sucedido, el FONATUR emitió algunos comunicados de prensa, entre los cuales puede leerse que siguió con especial rigor los planes de rescate de flora y fauna en Tajamar, aunque no sorprende cuando declara que ha operado siguiendo la ley y son los animales que ahí viven los responsables en caso de morir por las operaciones que en el lugar, probablemente, se realicen:

Las especies vivas documentadas por PROFEPA son especies territoriales que ya habían sido reubicadas y tienen un instinto de supervivencia asociado a su hábitat, que las impulsa a retomar al lugar del que fueron reubicadas, por lo que deben ser reubicados nuevamente por FONATUR conforme al Programa de Rescate de Flora y Fauna autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), mismo que no ha sido concluido por causas ajenas a FONATUR.[6]

Por otra parte y para finalizar, los políticos y empresarios no podrían o, al menos sería más difícil, poner en práctica proyectos como el que ocasionó la tragedia ecológica de Tajamar, sin las personas adecuadas que se prestan al juego de la economía, el dinero manda, en aras de un crecimiento económico. Sin profesionales, me refiero a quienes se venden como profesionistas, con poca o nula ética, que avalan las decisiones políticas, poco se concretaría.[7] Que el caso del malecón de Tajamar permita y promueva reflexionar conscientemente en torno a la manera cómo operan las autoridades ambientales, las prioridades gubernamentales, pero sobre todo a nivel social, tomar el ecocidio de Cancún como referencia y ejemplo de lo que no podemos ni debemos permitir, estamos en nuestro derecho de demandar y promover el cuidado y preservación del ambiente.

[1] Se ha planteado que FONATUR entabló negociaciones con capital extranjero, con los cuales comprometió la zona del Malecón Tajamar, vendiéndolos en 900 millones de pesos, mismos que no podría regresar de ninguna manera, por lo que el proyecto debe concretarse ante el riesgo de contraer problemas con los inversionistas con los que realizó los acuerdos. Vid., Alejandro García, “Peligra millonaria inversión en Malecón Tajamar”, en Grupo SIPSE¸ 29 de octubre de 2015. En línea: http://sipse.com/novedades/peligra-millonaria-inversion-en-malecon-tajamar-fonatur-amparo-empresas-inversionistas-176203.html Consultado el 10 de marzo de 2016.

[2] La tendencia que predomina es la de pensar que el desarrollo económico va en detrimento si no se aprovecha el medio ambiente o que es necesario arrasar con los elementos naturales para poder avanzar en el ámbito económico. Lo cual es criticable en tanto se ve a la economía como una gráfica exponencial de mejora, es decir, hacia arriba, hacia el progreso.

[3] Sergio Caballero, “Malecón Tajamar: devastación permitida por el gobierno”, en Proceso, 21 enero de 2016. En línea: http://www.proceso.com.mx/427205 Consultad el 10 de marzo de 2016.

[4] “Art. 60 TER: Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos. Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar”, en Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley General de Vida Silvestre, p. 26. En línea: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_260115.pdf Consultado el 10 de marzo de 2016.

[5] “Misión”, en FONATUR. En línea: http://www.fonatur.gob.mx/es/quienes_somos/index.asp?modsec=01-MV&sec=2 Consultado el 10 de marzo de 2016.

[6] Comunicado No. 04/2016: “FONATUR cumplirá programa de rescate de flora y fauna en Malecón Tajamar en estricto apego a derecho”, en FONATUR, 5 de febrero de 2016. En línea: http://www.fonatur.gob.mx/es/comunicacion/index.asp?cve_sec=381 Consultado el 10 de marzo de 2016.

[7] Ejemplos hay muchos, bástese citar el nombre de Ricardo Juárez Palacios quien ha dirigido distintas instituciones dependientes de la SEMARNAT como la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) y cuya gestión ha enfrentado diferentes demandas que ponen en duda el proceder y rigor de esta institución que se encarga de aprobar los distintos proyectos a desarrollarse y que tienen un impacto ambiental. Vid., Angélica Enciso L., “Renuncia funcionario de Semarnat investigado”, en La Jornada. En línea: http://www.jornada.unam.mx/2007/07/11/index.php?section=sociedad&article=046n1soc Consultado el 10 de marzo de 2016.