Por Ricardo Molina Pérez
En Italia, en 1948, a comienzos de la Guerra Fría, según testimonio del antiguo agente de la CIA, F. Mark Wyatt, Estados Unidos invirtió una buena cantidad de dólares para apoyar a los partidos opositores frente a las izquierdas del Partido Comunista y del Partido Socialista italianos, unidas en el Frente Democrático Popular, que contaba con posibilidades reales de ganar las elecciones. Ganó la Democracia Cristiana. Recién acabada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no podía permitir que Italia pasara a la órbita de la URSS. Poco importaba que fuera antidemocrático que un gobierno supuestamente democrático interviniera en unas elecciones extranjeras.
Pero este es un ejemplo del siglo pasado. En él es fácil rastrear numerosas muestras de la misma antipolítica. Baste traer a la memoria algunos nombres sólo de la segunda mitad del siglo: Arturo Frondizi en Argentina, derrocado en 1962; Carlos Julio Arosamena Monroy en Ecuador; derrocado en 1963; el doctor Ramón Villeda Morales en Honduras, 1963; Joao Goulart en Brasil, 1964; Salvador Allende en Chile, derrocado en 1973. Son muestras de los límites a los que las élites someten a la democracia. Pero también las hay en nuestro joven siglo xxi.
En Honduras, el presidente electo, José Manuel Zelaya, fue destituido en junio de 2009, de malas formas y con una carta de renuncia que éste negó haber firmado. Pretendía realizar un referéndum para consultar al pueblo si convenía dar inicio a un proceso de reforma constitucional. Desde que ganó las elecciones en 2005, Zelaya había descrito una trayectoria de aproximación al socialismo latinoamericano. Había incorporado el país a la Alianza Bolivariana para América, había firmado tratados económicos con la Venezuela de Hugo Chávez, ¡se había atrevido a aumentar el salario mínimo un 60%! Que su destitución fuera democrática o no, poco importa.
En Grecia, septiembre de 2015, ganó las elecciones la coalición de izquierdas Syriza, con su cabeza de lista, Alexis Tsipras. Que sus acreedores y prestamistas impusieran unas medidas ideológicas que el pueblo había rechazado en referéndum, contrarias al programa del partido que había ganado las elecciones, no es muy democrático, pero ¿qué más da? La manera democrática con la que el gobierno de Tsipras se enfrentó a esa imposición, con aquel referéndum, poco afecta al caso. A Europa le bastó un método más expeditivo y nada democrático para conseguir sus fines: el chantaje. Y solo pretendían confundir a la opinión pública cuando aseguraban que no podían prestar, sin garantías, los fondos que tan desesperadamente necesitaba Grecia. No, en el fondo, el objetivo era ideológico. No podían tolerar que un país, por pequeño que fuera, se saliera de la receta neoliberal de recortes sociales y contracción del gasto público. Al fin y al cabo, todo, hasta la democracia, tiene un límite.
Los casos de Brasil, con el impeachment a Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula, o la lucha económica y de desestabilización en Venezuela, o la revolución color verde dólar en Ucrania, son ejemplos de nuestro siglo. Cuando, en eso de la democracia, la demo sobrepasa a la cracia, de pronto se convierte en lo contrario de sí misma.
A este lado del Océano Atlántico, de México sólo llegan noticias de crímenes atroces, apenas rumores de los fraudes electorales durante las elecciones, y prácticamente nada más. Los medios de comunicación europeos se han mostrado obsesionados con Venezuela estos últimos años, en particular y de forma más intensa los españoles, y han dejado de lado lo que ocurre en los demás países iberoamericanos. Es decir, los medios de persuasión de masas insistieron hasta la saciedad en el bulo de que Venezuela era una dictadura, obviando la circunstancia de que todas las elecciones, desde que Chávez llegó al poder, han sido monitorizadas por observadores internacionales y certificadas como elecciones limpias. Por el contrario, nunca se dio demasiada cobertura al hecho de que México fue en 2017 uno de los países más peligrosos para ser periodista. Y, por supuesto, nadie sabe nada del caso de fraude de las tarjetas de crédito durante las elecciones de 2012 en el país. Así son los medios de comunicación democráticos, en manos de los bancos y los grandes fondos de capital.
Por último, en España se ha demostrado (los procesos judiciales están en marcha en este momento) que el partido de la derecha que gobierna desde 2008, ha concurrido a las sucesivas citas electorales con ayuda de financiación ilegal y fondos ocultos. Hoy, este Gobierno (con minoría en el Parlamento, por cierto), cuando hay algo que considera que se pasa de democrático, acude al Tribunal Constitucional o a la Fiscalía y la Magistratura, o a la Policía, o al Ministerio de Economía. Hoy, la única democracia que existe es la que conviene a “los mercados” y se gobierna a través de la manipulación de los órganos de poder y del servicio público de información.
Finalmente, para mostrar gráficamente los límites de la democracia, baste considerar el ejemplo de Catalunya. El 1 de octubre de 2017, el Govern catalán convocó un referéndum que el Tribunal Constitucional declaró ilegal de inmediato. Sin embargo, los referéndums, en una democracia real, al igual que las personas, nunca deberían ser ilegales. Eso sí, son peligrosos para el orden establecido, son demasiado democráticos en visión de los magistrados del Constitucional español (de mayoría conservadora) y del Gobierno de este país. Así nos va.
