Por Vladimir Rojas Duarte

La conformación de los Estados latinoamericanos, grosso modo, entre mediados del siglo XIX y hasta la Gran Depresión, fue la cimentación de Estados capitalistas, que fungían como agroexportadores y que operaban de manera oligárquica. Desde la década de 1930 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, fue la reorganización de estos Estados capitalistas agroexportadores en aras de una industrialización nacional que seguían operando de manera oligárquica, pero que ya contaban con una gran participación de diferentes sectores sociales como la pequeña burguesía y algunas organizaciones proletarias. Durante la Guerra Fría de lo que se trató fue de la conservación de los Estados Capitalistas, que fungían como sectores de la economía mundial para el beneficio del bloque capitalista (principalmente del capital estadounidense), y que operaban de manera autoritaria y represiva contra todo acto “antisistémico” por temor a cualquier intervención soviética. Y, por lo tanto, durante todo este periodo, se ha tratado de la construcción y constante reforma de los Estados capitalistas[1], con algunas excepciones como el Estado Cubano, América Latina entra en una fase de radicalización derechista de corte militar, lo que desemboca en el episodio histórico de las dictaduras militares en la región.

Por lo que resulta idóneo considerar que el ejército y las fuerzas armadas han desempeñado un papel muy importante en la preservación del orden capitalista en la región. De hecho, los Estados latinoamericanos que presentaron mayor efervescencia y una marcada disponibilidad de trastocar el orden capitalista —y algunos sin una considerable influencia soviética o comunista— fueron los Estados que recibieron una cantidad considerable de asesorías militares y un gran apoyo en armamento por parte de EUA, con el objetivo de erradicar cualquier movimiento, organización o gobierno que obstaculizaba su mecanismo capitalista, y así condicionar la instauración de gobiernos —militares sí es necesario— afines a sus intereses.

Por lo tanto, aumentar y perfeccionar la militarización ha sido necesario en los Estados latinoamericanos que han atentado contra el orden sistémico imperante e internacional, por lo que la instauración de una dictadura militar, no sólo depende de los factores internos, como la politización de algunos grupos sociales —entre ellos se contemplan algunas fracciones de las fuerzas armadas—, sino que, a su vez, depende de factores externos como un contexto mundial determinado que posibilite las condiciones de la instauración de un gobierno ultraderechista, nacionalista-liberal o socialista. El Ejército en América Latina, al verse como un “sujeto politizado”, ha sido el encargado de la conformación del orden capitalista en la región, pues “[h]ay golpes militares, pero también hay gobiernos de éstos y partidos políticos nacidos de la matriz del ejército”.[2] Por lo mismo, el ejército ha sido el grupo social que ha posibilitado “la modernización en su sentido de sistema de poder”, es decir, un gobierno que a través de un discurso hegemónico (una lógica común) promueve la construcción de una identidad nacional para la población, lo que contribuye a justificar la “funcionalidad de las prácticas sociales para el esquema de poder, un grupo ideológico y defensor del nacionalismo que coloca a cualquier otro grupo ideológicamente antisistémico en una posición de desventaja política entre las masas”.[3]

Puesto que los militares utilizan el golpe de Estado para dar punto final a una secuela de lucha política, hace posible considerarlos —desde la alta dirigencia capitalista— como la única organización que puede remplazar al gobierno; lo que coloca al golpe militar de Estado como una técnica política.[4] Pues la dirección burguesa de éste se encuentra constantemente “modernizando su orden político” para responder a los constantes cambios que demanda su sociedad, “de allí el permanente conflicto nunca resuelto entre democracia y capitalismo, que generó desde soluciones fascistas o corporativistas hasta democracias restringidas, sistemas dictatoriales diversos o caudillismos paternalistas”.[5]

El militarismo en América Latina ha presentado rupturas y continuidades a lo largo del siglo XX, donde el único objetivo consolidado ha sido la manutención de un Estado capitalista, lo que coloca a la dictadura militar como una herramienta política más del sistema burgués. El ejército se presenta como una necesidad para salvaguardar la posición, así como la existencia del orden capitalista mismo —o por lo menos en la construcción de sus bases para poder insertarse en el desenvolvimiento de la economía mundial capitalista.[6] Lo que contribuye a aclarar que los tecnócratas (civiles o militares) dedicados a la gestión del Estado, son sólo la representación política del capital, lo que comprueba que los intereses corporativos de las Fuerzas Armadas responden a los intereses (económicos y políticos) de la clase a la que sirven.[7]

Ilustración: Héctor Mateo

Ilustración: Héctor Mateo

Las dictaduras militares en América Latina antes de la Guerra Fría van a presentar características específicas, donde las más destacadas van vinculadas a las prácticas sociales de los antiguos regímenes oligárquicos. Pero la politización de las sociedades latinoamericanas de la primera mitad del siglo XX permitió el surgimiento de grupos de toda índole, desde partidos nacionalistas hasta pequeños grupos con tendencias socialistas, como a su vez originó la lucha política, génesis de sus ideologías particulares, caracterizó el ambiente social de aquellos años; se trata en sí de un fenómeno político que no fue ajeno a los miembros de sus ejércitos militares.

Por ejemplo, la creación de un ejército profesional para Chile fue una acción que evocaba la renovación democrática, pues semejante al ejército alemán, buscaba ser un arma política subordinada al gobierno, que le permitiría, a su vez, crear lazos de solidaridad nacional con el pueblo. Sin embargo, la prensa socialista —influenciada por el socialismo francés, alemán e inglés— y las declaraciones de los partidos de izquierda buscaron los discursos adecuados para concientizar a sus conciudadanos sobre las acciones del ejército chileno. Ante estas acusaciones, el Ejército tomó un papel de defensor del orden de la nación, que a través de la trasposición de la ideología militar prusiana, mostraba su postura de desprecio al orden parlamentario, al movimiento obrero y al socialismo. La prensa que favorecía los discursos militares buscó crear el imaginario del “revolucionario” como un sujeto antipatriótico, al dibujar al socialismo como antichileno. Esta lucha ideológica entre militares y grupos antimilitares repercutió en la decisión del Ejército de intervenir directamente en la política, y a partir de 1924 —dos años después de la fundación del Partido Comunista Chileno— se colocaron como los defensores de la patria y de los valores nacionales del pueblo chileno.[8]

El caso chileno nos sirve de antecedente para las posturas políticas que tomaron los ejércitos latinoamericanos en su afán de ratificar su función social como militares; tanto su labor antisocialista, como su ánimo de reformar la política, fueron acciones decisivas para la caída de las repúblicas oligárquicas y de algunas viejas élites. La década de los años treinta transformó a los militares en el sujeto idóneo para consolidar los regímenes políticos en la región, y sobre todo reprimir y controlar cualquier manifestación social de tintes antisistémicos, que ellos mismos se encargaron de moldear como antinacionalistas. Además, centralizar el poder político les permitió manipular los sistemas democráticos de sus respectivos Estados, pues las condiciones políticas que poseían estos sistemas empezaban a posibilitar la participación de sectores sociales que atentaban contra los principios y funciones del ejército, tal y como ocurrió con el golpe militar liderado por el general Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, un régimen que se ubica en una encrucijada, entre las oligarquías civiles del siglo XIX y los regímenes autoritarios del siglo XX.[9]

El Martinato restableció nuevamente el clientelismo[10] como la forma predominante del quehacer político, además agregó el militarismo y un aparato de seguridad e inteligencia eficiente. Todos los cargos públicos eran ocupados por el Partido Nacional Pro-Patria, una jerarquía administrativa que representaba la burocracia del gobierno, y que promovía una presencia civil y militar, pero fomentando una composición heterogéneamente nacional y anticomunista. La represión del levantamiento de 1932, donde se registra la participación de “indios comunistas”, demostró la velocidad con la cual se utilizaba la fuerza militar para defender el orden político. Después de este acontecimiento el gobierno de Martínez ideó los medios para fomentar un “temor al comunismo” que se traducía en una polarización de la sociedad en colaboradores-vigilantes (los honestos) y en sospechosos-vigilados (los comunistas), por lo que se promovió la formación de las Guardias Cívicas entrenadas por el ejército, pues no sólo se buscaba la participación civil en la represión, sino también en la lucha nacional contra el comunismo, una lucha que aseguraba la estabilidad de sus instituciones fundamentales: “la familia, la iglesia, la propiedad y el Estado”.[11]

Fue en el ambiente bipolar que produjo la Guerra Fría y que trastocó la Revolución Cubana en la región, cuando las dictaduras latinoamericanas tomaron formas particulares de contrarrevolución burguesa, lo que condujo a una centralización política y a un desarrollo económico favorable para las Fuerzas Armadas y para cualquier otro aparato de inteligencia, cuyo objetivo fuera preservar el orden capitalista en la región. Además, puede ser observable en el terreno social una creciente cantidad de sectores avasallados por la lógica del capitalismo que, a su vez, permite la continua aparición de nuevos grupos sociales cada vez más reducidos y puntuales. Sin embargo, cuando aparecen grupos sociales corporativos y “políticamente antisistémicos”, las prácticas sociales para su control (como el genocidio) se convierten en un modelo de reconfiguración de las relaciones sociales que los originaron.[12]

Por lo tanto, podemos decir que el ejército tiene un papel político importante, ya que reproduce una ideología política hegemónica y, por ende, las “otras” ideologías convertidas en una amenaza, un “virus social” contra la salubridad del Estado, no encuentran espacio en los marcos de la normalización estatal.

[1] Entiéndase por Estado burgués al órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de clases poseedoras de los medios de producción (que demanda un modo de producción capitalista) sobre clases desposeídas, promoviendo la gestión del orden (aparatos jurídicos) que legaliza esta opresión, es decir, la síntesis de las estructuras y relaciones de dominación que amortiguan los choques entre las clases. Véase, “La sociedad de clases y el Estado”, en, V.I. Lenin, El Estado y la Revolución, Editores Mexicanos Unidos, México, 1978.

[2] Huntington, El orden político en las sociedades en cambio, p. 215.

[3] Véase Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina, pp. 111-113.

[4] Huntington, op. cit., p. 197.

[5] Feierstein, op. cit., p. 125.

[6] Kees Koonings, “La sociología de la intervención militar en la política latinoamericana”, en, Krujit y Torres-Rivas (coords.), América Latina: militares y sociedad-I, FLACSO, 1991, p. 27 y p. 33.

[7] Ruy Mauro Marini, “El Estado de Contrainsurgencia”, en R. Mauro Marini y Margara Millán (comps.), La Teoría social latinoamericana. Textos escogidos. La centralidad del Marxismo. tomo 3, México, UNAM, 1995, p. 95.

[8] Véase Genaro Arriaga, “El ejército chileno, la prusianización y la primera oleada antisocialista (1900-1931)”, en Eduardo Devés, et. al. (comp.), El pensamiento chileno en el siglo XX, México, FCE, 1999.

[9] Véase E. Ching, et. al., Las masas, la matanza y el martinato en El Salvador, San Salvador, UCA, 2007.

[10] Ching, op. cit., p. 158.

[11] Véase Alvarenga, “La represión de 1932 y la reconstrucción de la nación”, en Cultura y Ética de la violencia. El Salvador 1880-1939, San José, EDUCA, 1996, pp. 323-347.

[12] Feierstein, op. cit., p. 138-139.