Moisés Alejandro Quiroz Mendoza
Las opiniones dogmáticas neoliberales se llenan la boca diciendo que el libre mercado es la cura a todos los males de la humanidad. Abrir el mercado a la libre competencia de los actores económicos y la pérdida de la regulación de un ente superior al mercado, teórica y tradicionalmente el Estado, supone una autorregulación para alcanzar el precio más justo posible y una distribución automática de la riqueza.
Otro de los supuestos de este dogma es que la producción se puede incrementar a la par de la demanda. En el caso de la economía urbana esta aseveración es imposible: no existe un suelo con características iguales a otro, no se puede producir suelo igual para todos los demandantes, esto se llama renta de monopolio y es el fundamento del valor de la tierra. Es decir, las características del suelo, irrepetibles, son la mercancía que se explota en el mercado inmobiliario. Su cercanía con los centros educativos, con las vías de circulación y medios de transporte, su oferta cultural, su ambiente bohemio, sus playas, sus manantiales y por su puesto todos aquellos atributos socioculturales que han aportado un significado o un simbolismo a los lugares a través de la historia[1].
¿Quién podría pensar que es lo mismo vivir en Aragón que en el centro de Coyoacán, o en Barcelona que en Tijuana, o cerca del metro que en las faldas del cerro? ¿Cuál será el significado de habitar en Jerusalén o en Damasco, la ciudad habitada más antigua? Si usted fuera un fotógrafo internacionalmente conocido, ¿dónde preferiría tener su estudio, en Londres o en Tampico, y si fuera empresario petrolero, dónde perforaría? Cada ciudad y cada parte de ella tiene características que la hacen única y eso es algo que el mercado explota, la sensación de vivir en un lugar exclusivo es irresistible. Sólo así podemos explicarnos la voracidad con la que los grandes capitales acechan, hostigan y despojan tierras a las colonias, a los barrios, a los pueblos, a las comunidades e incluso a ciudades en su conjunto.
Efectivamente en las zonas rurales, en las ciudades pequeñas, en los pueblos y en todo territorio hay presiones de capitales por despojar y explotar de forma exclusiva los recursos y las cualidades de los territorios. Ejemplos de estas luchas son las de los ejidatarios de José María Pino Suárez en Tulum que combaten contra los intereses inmobiliarios de la empresa Villa Zamá, ligada al gobernador Roberto Borge; la defensa del manglar de Tajamar en Cancún, donde fueron taladas 58 hectáreas con apoyo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para desarrollar un complejo hotelero; las miles de luchas contra las mineras a cielo abierto presentes en todo el país, entre las cuales podemos mencionar la del centro Tlachinonallan en Guerrero; y por supuesto las luchas urbanas contra los desarrollos inmobiliarios en zonas estratégicas de la ciudad de México como las Granadas en Polanco, La Merced, San Pablo, colonia Juárez o colonia Santa María la Ribera.
Todas estas luchas tienen en común la defensa del territorio, independientemente del medio “rural” o “urbano”. Esta presión del capital sobre el territorio no tiene límites y se presenta en forma de desarrollo turístico, mina, complejo corporativo, en forma de Tren Interurbano, de Nuevo Aeropuerto Internacional, de edificio de departamentos de lujo. Por eso el Derecho a la Ciudad, no puede abarcar solamente “asentamientos urbanos” aislando la vida citadina de la rural, pues finalmente el capital lo abarca todo y ambos mundos están estrechamente conectados.
En este proceso de depredación juegan un papel importante al menos tres actores: el capital, los habitantes y el Estado. Cada uno de éstos puede tomar una forma distinta, puede tratarse de empresas turísticas, de desarrolladores inmobiliarios, de acaparadores o incluso de capital público en el caso de las obras públicas. Los habitantes podrán ser habitantes urbanos o rurales, propietarios, arrendadores o comuneros. Mientras que el Estado estaría representado por alguno de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal o municipal; el nivel municipal es particularmente importante por ser el más cercano a la población y por ser también el que lleva una carga clave en materia de legislación urbana.
Para lograr una exitosa obtención de los beneficios de ese suelo, los capitales crean alianza con el Estado, que, abandonando su tarea de proteger al ciudadano, crea las condiciones necesarias para maximizar el rendimiento del capital y reducir sus riesgos. Así, un ejemplo muy interesante es el del Centro Histórico de la Ciudad de México, anunciado como un proyecto de recuperación de espacios, de renovación urbana, de revalorización, de revitalización y de redinamización económica. Para este proyecto se creó en 1990 el Fideicomiso del Centro Histórico que en 2001 se reformó para incluir un consejo Consultivo, el cual está presidido por Carlos Slim, importante empresario con múltiples propiedades en las cuales el Fideicomiso y el Gobierno del Distrito Federal realizaron obras de remodelamiento[2].
De esta forma la ciudadanía queda al margen de las negociaciones, de la planeación y de la explotación de sus tierras y recursos. El poder político y el poder económico del Estado y la iniciativa privada sólo pueden ser contrarrestados por la organización solidaria de la ciudadanía. Como menciona Enrique Ortiz:
Vivimos en tiempos críticos y de grandes contradicciones que nos colocan hoy en la encrucijada ¿Qué camino tomar? ¿A qué debemos apostarle para actuar en consecuencia?
Por un lado tenemos el sistema vigente que favorece la concentración y control en cada vez menos y más grandes corporaciones del poder económico y político en el mundo, las cuales dominan los medios masivos de comunicación, formadores de la ideología que sustenta su modelo, y con las armas encargadas de defenderlo.
Por otro, presenciamos el surgimiento de nuevas iniciativas sociales transformadoras, vigorosas y creativas, que luchan por reposicionar al ser humano como sujeto en la construcción de una sociedad distinta, respetuosa de la vida y de los ritmos de la naturaleza.[3]
Hay experiencias exitosas de defensa contra el capital como la lucha del barrio de Tepito en 1985-6, la de la cooperativa Tosepan Titaniske en Puebla, la cancelación del Corredor Cultural de Chapultepec, o la cancelación de las mineras en Me’phaa en Guerrero. El camino es largo y aparenta dificultad, pero está lleno igualmente de éxito y de esperanza en el campo y en la ciudad.
[1] David Harvey hace un excelente análisis sobre este punto “El arte de la renta” en Ciudades Rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana, Madrid, Akal, pp. 137-167.
[2] Dionísio Zabaleta Solís “El enfoque de liderazgo gubernamental contingente en la práctica: la conservación del patrimonio cultural en Xochimilco y en el Centro Histórico de la ciudad de México” Porras, F., Gobernanza y redes de política pública en espacios locales de México, México, Instituto Mora, 2012, pp. 315-319.
[3] Enrique Ortiz Flores, Hacia un hábitat para el buen vivir, México, Rosa Luxemburg Stifung, 2016. p. 235.
