Por Mario Sorto

El contexto político y social en Honduras cambia a partir del año 2009. En este año se interrumpen los casi treinta años de la transición de regímenes militares a gobiernos de regímenes civiles al desarrollarse el golpe de Estado del 28 de junio.

Para Eugenio Sosa (2016), en los años previo al 2009, la democracia en Honduras había pasado por distintas fases en las cuales surgieron los primeros signos de agotamiento del régimen democrático, desde los años ochenta, marcados por la guerra fría y la lucha revolucionaria en la región, los años noventa, con la presencia de las políticas neoliberales, mezclados por procesos de modernización y apertura política, y un periodo, posterior al huracán Mitch, en el cual se evidenció la debilidad de la institucionalidad política al momento de enfrentar las cuantiosas pérdidas humanas y materiales como consecuencia de este fenómeno.

De esta manera, el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, representa la culminación del agotamiento de la democracia en Honduras. Además, de este hecho, otras amenazas al régimen lo constituían las políticas neoliberales, la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. En cada una de las fases mencionadas, Sosa sugiere que la acción colectiva ha sido fundamental para impulsar los procesos de democratización o para evitar mayores retrocesos democráticos. Como ejemplo, en los años ochenta, las organizaciones populares se movilizaron en contra de la ocupación militar extranjera y por las violaciones de los derechos humanos producto de las políticas contrainsurgentes, además, se condenaba la política intervencionista y guerrerista de los Estados Unidos. (Sosa, 2016)

En esta etapa de agotamiento del régimen democrático, asume la presidencia de la República José Manuel Zelaya Rosales, “un político tradicional de larga experiencia, que, sorpresivamente, empezó a implementar políticas sociales pro pobre y a ensayar un estilo de gobierno cercano a los sectores excluidos y a las organizaciones populares”. (Sosa, 2016, pág. 15).

Como consecuencia a estas medidas, se presenta (PRESENTÓ) una polarización política entre el presidente y los grupos de poder. Entre otras acciones, la adhesión del país al proyecto de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), el incremento en un 60% al salario mínimo, y una propuesta de consulta popular para realizar una asamblea nacional constituyente que desembocó en el golpe de Estado, promovido por las elites empresariales y políticas, pero ejecutado por las fuerzas armadas. En este sentido, el golpe en Honduras no representa uno clásico en el cual las figuras protagónicas eran los militares. (Sosa, 2016)

Aunque las medidas implementadas por el Gobierno de Zelaya no representaban una amenaza real al status quo ni a los grupos de poder, aun así, las élites conservadoras hondureñas no toleraron los cambios que se implementaron durante dicho gobierno, ya que éste también se identificaba progresivamente con el discurso de la izquierda del siglo XXI y cierto contenido anti oligárquico y antimperialista. (Sosa, 2016)

Por otra parte, las elites ultraconservadoras se oponían y criticaban duramente el acercamiento del presidente Zelaya a los gobiernos de izquierda, integrantes del ALBA, pero particularmente al gobierno de Hugo Chávez. Cabe resaltar que las elites en Honduras controlan y tienen el acceso a los principales medios de comunicación. En este sentido, Sosa (2016) apunta que posteriormente al golpe de Estado, entre las tácticas utilizadas por las élites se encontraba el uso de los medios de comunicación para hacer creer a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional de que lo acontecido había sido una sucesión constitucional.

En cuanto a las consecuencias del golpe de Estado, los sociólogos Eugenio Sosa y Gustavo Irías (2009) destacan efectos en cuatro ámbitos: económico, social, derechos humanos y en el funcionamiento de la democracia. En cuanto al ámbito económico, apuntan que el golpe de Estado se ejecuta en un periodo de crisis económica mundial, a eso habría que agregarle la paralización de la economía, el cierre de las fronteras, la suspensión de las relaciones internacionales, y la pérdida de inversiones extranjeras por el clima de inestabilidad.

En cuanto al ámbito social, se apunta la reducción de las oportunidades de empleo, el aumento de los despidos por la crisis económica y por el golpe de Estado. Además, la suspensión y cierre del año lectivo en el sector educativo afectó a las poblaciones más pobres. En este sentido, los autores ya mencionados, sugieren que toda contracción económica aumenta las calamidades sociales de un país.

Por otra parte, el golpe de Estado en Honduras representó una pérdida importante en cuanto a los derechos humanos. De acuerdo a los informes del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y al Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), se llevaron a cabo de 21 ejecuciones de personas; 108 amenazas de muerte; 288 manifestantes lesionados por las fuerzas de la policía y el ejército; 3,033 personas fueron detenidas arbitrariamente; 114 personas detenidas fueron recluidas en carácter de prisioneros políticos. Por lo que a medios de comunicación se refiere,  14 radioemisoras y televisoras fueron amenazadas, suspendidas sus emisiones y decomisados sus aparatos de trasmisión; además de la creación de estructuras paramilitares y levantamiento de perfiles personales. (Sosa & Irias, 2009). Con respecto a la última consecuencia, es evidente que con el golpe de Estado se interrumpió el orden constitucional y provocó daños al funcionamiento de la democracia en Honduras.

En cuanto a las violaciones a la libertad de expresión, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), refiere que, durante los cinco meses del régimen de facto, se registraron 127 violaciones del derecho a la libre expresión y acceso a la información, que comprendió el cierre de medios de comunicación, cancelación y censura de programas, hostigamiento, persecución, lanzamiento de explosivos, agresiones a periodistas, detenciones ilegales, obstrucción de operaciones y despidos de comunicadores. (C-Libre, 2009)

Por otra parte, el golpe de Estado en Honduras obtuvo como respuesta la irrupción de un movimiento social que movilizó en las calles a centenares de personas por 150 días consecutivos, demandando la restitución del presidente Zelaya y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Finalmente, estas acciones de protesta no lograron sus demandas, y el gobierno de facto hondureño, bajo la presión internacional, impuso una salida conservadora, el desarrollo de las elecciones presidenciales en noviembre de 2009. (Sosa, 2016)

A pesar de que el movimiento no logró sus objetivos inmediatos, representó una movilización social con una capacidad de convocatoria sin precedentes en el país. Las acciones de este movimiento se pueden ver en tres fases: La primera, del 28 de junio a noviembre de 2009, en la cual la movilización se realiza en contra del golpe de Estado y del régimen de facto. La segunda etapa se desarrolla a partir del 29 de noviembre al 27 de enero, en la cual se realiza la movilización en el marco de las elecciones presidenciales y la toma de posesión de un nuevo gobierno. En una tercera etapa, la movilización se desarrolla en febrero de 2010, cuyas demandas seguían incluyendo la restitución del presidente Zelaya y el desafío de disputar el poder en las urnas. (Sosa, 2013)

A propósito de los resultados posteriores de la demanda del movimiento de la Resistencia al golpe de Estado, se destaca la creación de un frente político para participar en las elecciones generales del 2013. De esta manera, el 26 de junio de 2011, en una asamblea extraordinaria, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), decidió crear el partido político Libertad y Refundación (LIBRE), mismo que actualmente es la segunda fuerza política del país. (Sosa, 2016)

Fuente https://honduprensa.wordpress.com

Después de ocho años de haberse ejecutado el golpe de Estado, aún persisten las violaciones a los derechos humanos en Honduras. En un informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se apunta que la violencia en el país impacta de manera particular en defensores y defensoras, pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, migrantes, personas campesinas, periodistas, trabajadores de la comunicación y operadores de justicia.

Las causas de estos hechos son el resultado de diversos factores como el aumento de la presencia del crimen organizado y el tráfico de drogas, el reclutamiento de los jóvenes y una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción, y a altos niveles de pobreza y desigualdad. (CIDH, 2015). Con respecto a la situación política y social en Honduras, los grupos en el poder, continúan expresando una falta de interés en dar solución a los problemas económicos, sociales, de derechos humanos y otros relacionados con la institucionalidad, que, como consecuencia de la ruptura del orden constitucional y el debilitamiento de las instituciones judiciales, aún siguen sin resolver en el país.

Por otra parte, cabe resaltar que el Partido Nacional, que ha gobernado al país de manera continua desde las elecciones realizadas en el 2010 como salida al golpe, ha logrado controlar la institucionalidad del Estado a favor de los intereses particulares de la oligarquía hondureña. Un hecho que ejemplifica esta afirmación ha sido el logro por parte del ejecutivo en manipular las instancias judiciales para poder aprobar una reelección, a pesar de que está prohibida por la constitución de la República. Y la única vía para cambiarlo es a través de una asamblea nacional constituyente.

Cabe resaltar que, en los meses previo al golpe de Estado, las elites políticas del Partido Nacional y el Liberal, los partidos tradicionales en el país, utilizaron como campaña de desprestigio al gobierno de Zelaya, su intención de aprobar una asamblea nacional constituyente para poder continuar por otro periodo más en el poder.

En conclusión, mientras no se lleve a cabo una asamblea nacional constituyente, los problemas pendientes de resolución a partir del golpe de Estado, seguirán afectando la vida política, social y económica del país. Además, de que la polarización social se seguirá manteniendo y agudizándose.

Bibliografía

CIDH. (2015). Situación de los derechos humanos en Honduras.

C-Libre. (2009). Estado de Situación de la Libertad de Expresión en el Contexto de la Ruptura del Orden Constitucional . Tegucigalpa.

Sosa, E. (2013). Dinámica de la protesta social en Honduras. Teguciagalpa: Editorial Guaymuras.

Sosa, E. (2016). Democracia y movimientos sociales en Honduras: de la transición política a la ciudadanía indignada. Tegucigalpa : Editorial Guaymuras.

Sosa, E., & Irias, G. (2009). La crisis hondureña: percepciones ciudadanas y perspectivas para la democratización. Tegucigalpa.